Recursos públicos y proselitismo

En tiempos de las campañas electorales se ha hecho un hábito el empleo ilícito de los recursos públicos en la promoción de candidaturas partidarias y personales de parte de los partidos que controlan los órganos del Estado, tanto a nivel del gobierno central como municipal. La campaña pasada fue sin duda alguna la más descarada en la comisión de esa proclividad clientelar y delincuencial, con la consecuencia conocida del más grande déficit fiscal que se haya dado en la historia de la República, donde se violaron sin ningún miramiento las leyes, la Constitución, así como la moral y las buenas costumbres.
    
Esa vocación delictiva, que ya se ve natural por lo cual nadie reacciona de forma crítica, se prolonga aún fuera del período electoral y vemos como muchos funcionarios del Estado, afectados por el clientelismo proselitista y la corrupción, prosiguen utilizando los recursos públicos en campañas de promoción con fines personales para proyectar positivamente su imagen en la población, encubriendo sus propósitos particulares con el manto sublimado de las instituciones públicas que dirigen. Casos específicos que revelen esas desviaciones legales y morales saltan a la vista a través de los medios, sobre todo en la televisión nacional. Alguien debe ponerle coto a tan deleznable práctica en el ejercicio público que debilita cada vez más la moral del funcionariado público, al tiempo de reforzar la malsana ética que emana de la corrupción de los grupos partidarios con acceso al Estado. 
    
El gobierno del Presiente Medina, que ha dado muestra de buen manejo de los recursos públicos, debería interponer sus buenos oficios y su buena imagen para que en materia de la pulcritud en el manejo de los recursos públicos, también se corrija lo que ha estado muy mal y se haga lo que nunca se ha hecho, de modo que los incumbentes de los cargos públicos descontinúen las prácticas de utilizar las instituciones que dirigen y sus recursos para su provecho personal, y por el contrario se apeguen estrictamente a la función pública bajo su mando, manejando las instituciones con efectividad, honestidad, honradez y nobleza. Ese en el desafío del gobierno en materia de la ÉTICA pública.

¡Comencemos a corregir tantas distorsiones morales en la Administración Pública!

Algo más sobre la JCE

Fuera de las múltiples razones que atizan el conflicto de la JCE, se ha interpretado que la misma se aprovecharía para una trama mediante la cual se llevaría el caso a un juicio político con la finalidad de sacar a los disidentes y completar su matrícula con un representante de Miguel Vargas y otro afín al partido de gobierno, de modo que se fortalezca el dominio del actual presidente del organismo de modo vertical y unipersonal.
    
De ser así, el propósito de la trama sería consolidar el control absoluto del poder institucional del Estado por parte del grupo dominante dentro del partido de gobierno. Se trata de la estrategia del pensamiento único, sin alternativas, que justifica y alimenta la idea del partido único, sin disenso y ni consenso.

¡Dominicano abre los ojos!