La meta trazada por el presidente Danilo Medina de lograr la recepción de diez millones de turistas en un plazo de una década plantea un reto importante para el país, no solo en materia de competitividad turística, sino de enfrentar la incidencia de ese aumento en el flujo de visitantes extranjeros en la explotación de niños y adolescentes en el país.
Ayer, el Ministerio de Turismo, la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (Asonahores) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) firmaron un acuerdo para la efectiva implementación del código de conducta que el país se comprometió a firmar en 1966, en Estocolmo, Suecia, durante la reunión sobre la situación de los niños en países donde hay un importante desarrollo turístico, para evitar que los turistas se aprovechen de las vulnerabilidades de las bolsas de pobreza que existen alrededor de los polos turísticos.
La firma del acuerdo fue realizada durante el desarrollo del Encuentro Internacional de Buenas Prácticas para Prevenir la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en el Sector Turismo y Viajes, que se realiza en el Ministerio de Relaciones Exteriores con la participación de expositores de Tailandia, México, Honduras, Costa Rica, Colombia y República Dominicana, quienes exponen sus experiencias ante representantes de la industria turística, del sector judicial y de organizaciones comunitarias.
La relatora especial de Naciones Unidas sobre la venta de niños, pornografía y prostitución infantil, Najat Maalla, dictó una conferencia durante el evento en la que presentó casos de que se ha logrado mitigar la explotación sexual infantil en zonas turísticas de países como Tailandia y Colombia a través del esfuerzo multidisciplinario de las entidades competentes, incluyendo a las organizaciones comunitarias, los hoteleros y servidores del sector turístico, que según explicó son piezas claves en el proceso de concienciación y vigilancia sobre ese flagelo.
En el caso de República Dominicana no existen datos fidedignos sobre la cantidad de niños que son explotados sexualmente, sino que la Procuraduría Fiscal ha iniciado un levantamiento de información en Boca Chica, Samaná y Puerto Plata.
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