La Cámara de Diputados aprobó la Ley que declara a Loma Miranda como Parque Nacional con lo cual se evitaría la explotación minera de ese recurso natural de gran valor hidrológico del país. Ahora falta que el proyecto vaya al Senado para completar su aprobación definitiva. De completarse ese ciclo, los que han defendido la preservación de ese valioso espacio natural, habrían salido airosos en su lucha por la defensa de Loma Miranda. Los que han propiciado su explotación con la finalidad de prolongar la actividad de extracción minera de la Falcombrige, en esta ocasión habrían salido perdidosos.
El dilema nos obliga a discernir sobre la racionalidad de una decisión que tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos mineros para generar recursos financieros y empleos que eleven nuestras posibilidades de desarrollo, que se traduzca en bienestar para todos. Frente al dilema la empresa extranjera ha planteado que de no explotar a Loma Miranda que posee un mineral de mayor rendimiento, las actividades de la empresa tendría que paralizar sus operaciones e irse del país, con lo cual el país pierde una valiosa fuente de divisas y cientos de empleos de calidad agravando la situación económica de cientos de dominicanos y sus familias. Ante esa dramática situación, los protectores de Loma Miranda, a través de múltiples organizaciones e instituciones y de la opinión pública más generalizada, basados en estudios técnicos ambientalistas que establecen el grave peligro hidrológico de esa explotación, incluso sugeridos por el PNUD, han sostenido y defendido de manera vehemente la preservación de Loma Miranda por considerarla un “santuario” de incalculable valor para la vida en el país.
Esas dos posiciones contrapuestas y conflictivas plantean la necesidad de un criterio técnico-científico que discrimine cuándo una explotación minera es conveniente o no, de acuerdo a la conciliación de sus daños cuantificados contra los beneficios también cuantificados. Siendo la isla Española rica en minerales según estudios internacionales, se hace necesario un mapeo que indique, de acuerdo al nivel tecnológico disponible en la actualidad, cuáles espacios mineros pueden ser explotados de forma sustentable, como lo acuerda la concepción del desarrollo del PNUD, y cuáles no podrían ser explotables por la magnitud del daño que causarían al ambiente y a la vida humana en el país.
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