Los 232 pequeños ayuntamientos del país reciben del Estado desde RD$600 mil hasta RD$6.0 millones al mes y la forma que administran esos fondos públicos provoca serios cuestionamientos.
La creación de las juntas distritales contribuyó al proceso de descentralización de los gobiernos locales. Pero al mismo tiempo, trae desventajas, al duplicar los gastos en nóminas, edificaciones y clientelismo. A esto se suma que las denuncias sobre irregularidad en el uso de los recursos del Estado de las alcaldías municipales se han extendido a estas pequeñas demarcaciones que reciben desde RD$600 mil hasta RD$6.0 millones al mes, en función del número de munícipes.
Hay directores de juntas de distritos municipales hasta con siete demandas por corrupción, estafa y violación a la Ley de Medio Ambiente, como sucede con Gabriel Antonio Mora Ramírez (Canoa), en Cabarete, Puerto Plata.
También se ha denunciado que muchos de estos alcaldes, para operar las juntas municipales, rentan locales propios, de familiares o allegados, y en algunos casos gastan sumas millonarias en reparaciones para luego desocuparlos. Además se dan casos de directores que alquilan a las juntas camiones y equipos pasados de su propiedad.
Ya es costumbre que los directores municipales alquilen a la institución sus propios vehículos y mantengan nóminas supernumerarias, aunque con bajísimos salarios. A partir de una revisión de los informes trimestrales que le remiten las municipalidades, la Cámara de Cuentas informa que encontró irregularidades en todos los ayuntamientos de distritos municipales.
El informe que presentó la Cámara de Cuentas al Congreso Nacional el año pasado señala que solo un 53% (204) de las instituciones municipales (155 alcaldías y 232 juntas de distritos) envió sus reportes mensuales de ejecución presupuestaria completos, y 44.7% (172) lo hizo de forma parcial. Nueve juntas no los enviaron.
Mal ejemplo en Adodim. Y lejos de procurar un funcionamiento adecuado en las juntas, la entidad que las agrupa, la Asociación Dominicana de Distritos Municipales (Adodim), es objeto de múltiples cuestionamientos. Su director ejecutivo y fundador, Pedro Richardson, seleccionado como secretario de asuntos municipales del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) fue sometido a la justicia por supuesta estafa o falsificación de documentos. Aunque el juicio está en proceso, continúa en el cargo.
A Richardson también se le acusa de supuestamente hacer negocios con la las juntas y por contratar familiares y allegados (nepotismo), mientras que la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) le realizó una auditoría a los fondos que le dispensa y encontró irregularidades entre las que resaltan el impago de las retenciones del impuesto sobre la renta y compras directas, en violación de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones.
Adodim tiene como misión “orientar la gestión municipal en forma democrática, transparente, participativa y eficiente, buscando fortalecer el proceso de descentralización, reforma y modernización del estado”.
Una revisión contable. La Fedomu, que de los fondos que recibe de la Liga Municipal Dominicana (LMD) dispensa un millón de pesos mensuales para Adodim, ordenó una revisión a la ejecución presupuestaria y financiera de esta entidad y pidió a la entidad que encabeza el reformista Johnny Jones que informe sobre los resultados a la Cámara de Cuentas.
Los resultados de la experticia determinaron que en lo relativo al proceso de compra “no hay segregación de funciones y se hacen de manera directa”. Indica que aunque existe la figura del encargado de compra este interviene en el proceso.
El reporte señala que no existe reglamento interno sobre el consumo de combustible, que asciende a la suma de RD$53,000 al mes y que las retenciones por concepto del descuento de impuesto sobre la renta a empleados y personal contratado del año en curso no se había pagado al momento de la revisión (julio de 2013). Tampoco existe una cuenta especializada para el gasto de personal.
Sin embargo, Fedomu reconoce lo limitado de la revisión que practicaron a las cuentas de Adodim y recomiendan una auditoría más profunda, que incluya todos los procesos administrativos y financieros de la institución, debido a que esa asociación maneja recursos provenientes de otras fuentes.
También recomienda dotar a la entidad de un reglamento de compras y contrataciones y un manual de clasificación y definición de funciones, así como someterse a un plan de ajuste de gastos más racional que le permita tener una operatividad equilibrada en función de sus ingresos.
Las denuncias contra el director de Adodim. Richardson asegura que son infundados los cuestionamientos sobre compras directas. Alega que no lleva a cabo operaciones importantes que requieran los procedimientos establecidos por la Ley sobre Compras y Contrataciones Públicas.
Sin embargo, La Lupa Sin Trabas accedió a documentaciones que sustentan todo lo contrario, como una factura con el pago de RD$87,000 a Juan Rodríguez, del establecimiento Algo Diferente Expreso, por la venta de 30 juegos de banderas dominicanas.
A los Directores Municipales se les vendió una bandera nacional de gabardina, tamaño 4 x 6 (yardas), y siete pequeñas por RD$3,422, según facturas del citado establecimiento, del 21 de enero de 2013.
A Rodríguez, el mismo hombre del negocio de las banderas, Adodim le pagó por la impresión de una revista RD$75,400, según copia del cheque número 000784.
También le entregó un cheque (número 001099) por RD$90,000 como avance por el diseño, diagramación e impresión de 100,000 ejemplares del libro La verdadera historia del general Juan Pablo Duarte. En el concepto se especifica que el tamaño es “3 x 5” y tiene 40 páginas.
Si bien está registrada en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la compañía Algo Diferente Expreso no figura en el registro de proveedores del Estado, un requisito de la ley para las instituciones que manejan fondos públicos. Llama la atención que en una factura que presenta la citada empresa aparece como contacto el correo electrónico personal richardsongeorge@gmail.com. La Lupa Sin Trabas comprobó que George Richardson es hijo del director de Adodim y que forma parte del negocio. Él mismo se definió como “encargado de artes” de la empresa.
El portal Compras Dominicanas (www.comprasdominicana.gov.do) de la Dirección General de Compras y Contrataciones incluye las modalidades de adquisición de bienes y servicios y establece los umbrales o montos que determinan el procedimiento de selección a aplicar actualizados por año.
La modalidad Comparación de Precios se aplica para la adquisición de bienes y servicios con montos desde RD$576,638 hasta RD$3,075,401, mientras que Compras Menores involucra sumas desde RD$76,885 hasta 576,637.
Otro indicio de supuesta irregularidad en el uso de los fondos públicos por parte de Adodim y de los distritos municipales se da con una carta enviada por el director de esa entidad a las juntas, recomendando contratar los servicios de la empresa CONFIHOG, S.R.L para implementar el Sistema de Administración Financiera Municipal (SIAFIM). En la comunicación, fechada 18 de marzo de 2013, Richardson señala que la entidad que dirige había suscrito un acuerdo con la referida firma. Pero no especifica la realización previa de los procedimientos que establece la ley para seleccionar una compañía.
Resulta paradójico que el señor Richardson hable en esa misma comunicación de la necesidad de que las juntas municipales utilicen “mecanismos que ayuden al manejo transparente de sus operaciones, con el interés de que nuestros gobiernos locales puedan rendir cuentas de manera oportuna a los organismos de control”.
Además, entre 2002 y 2007 el Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado (Palme) estableció el Sistema Integral de Finanzas Municipales (Sifmum), con el apoyo de la Unión Europea, de manera que los gobiernos municipales tuvieran acceso de forma gratuita a ese sistema.
Domingo Matías, experto en municipalidad. (Foto: Roberto Guzmán)
Eventos en lujosos hoteles. La mayoría de las juntas municipales pertenecen a comunidades muy pobres. Los alcaldes se quejan de que no cobran arbitrios y que, por el contrario, tienen que dar asistencia a los munícipes con los pocos recursos que les transfiere el Gobierno Central. Sin embargo, cada año Adodim realiza congresos en lujosos hoteles como Hard Rock Hotel & Casino de Punta Cana o Marien, de Puerto Plata. El último, con el tema “Emprendurismo Verde”, se llevó a cabo en el Barceló Bávaro Palace y a los directores municipales se les requirió un pago de RD$15,000 y RD$30,000 si iban acompañados. Trascendió que, como en otras ocasiones, asistieron muchos acompañantes ajenos al Congreso.
En los congresos anteriores Adodim solicitó ayuda económica a Fedomu, la Liga Municipal Dominicana y organismos internacionales, pero de todos modos –según Richardson– se generó una deuda por alrededor RD$1.5 millones, por lo cual recurrió a un préstamo de una cooperativa pagando 20% de interés. El ejecutivo tampoco entregó documentación que indique que para seleccionar esos hoteles se realizaron comparaciones de precios y otros procedimientos que establece la Ley de Compras y Contrataciones.
El director ejecutivo de Adodim aparece también firmando un contrato de préstamo por RD$800,000 para la compra de un vehículo, a una tasa de 1.83% de interés mensual, equivalente a 22% anual. El contrato indica que esa operación fue autorizada por el Consejo Directivo de la entidad mediante una resolución del mes de marzo de 2011.
También nepotismo. En la asociación que agrupa a los directores municipales también se dan prácticas de nepotismo. Pedro Richardson contrató los servicios de Moisés Isaías Richardson, su hijo, para dar apoyo logístico a la Primera Conferencia Nacional de Vocales de Juntas Municipales, celebrada el pasado mes de junio. El hombre declaró a La Lupa Sin Trabas que eso era algo normal y que lo hizo para tener un mayor control: “Designamos a un hijo mío que es un estudiante graduado con honores en INTEC y estuvo trabajando aquí en ese proceso como cinco meses. Fue sumamente efectivo en los controles que se establecieron; si a usted le toca, no pone un solo hijo, los pone a todos”, expresó al dirigirse a la reportera.
De igual manera, Richardson confirmó que Héctor Ricardo, hermano de Andrés Julio Ricardo, presidente de la entidad que dirige, trabaja allí como contador.
Todo se va en nómina. Adodim recibe mensualmente RD$1.0 millón a través de la Fedomu, RD$385,000 por cuota de membresía, RD$200,000 a través de la Liga Municipal Dominicana y RD$36,080 en reembolsos por gastos de Internet en flotas (teléfonos). Estos ingresos totalizan RD$1,621,000. La casi totalidad de esas entradas, RD$1,522,474 se invierten en gastos personales y deudas (nómina de empleados fijos y contratados, asignación de combustibles, gastos de representación y teléfono).
Atribuye denuncias a rivalidad política. Pedro Richardson argumenta que las denuncias en su contra se deben a la rivalidad política con dirigentes municipales que responden a la tendencia de Hipólito Mejía dentro del PRD. Para sustentar sus afirmaciones muestra la comunicación mediante la cual Miguel Vargas Maldonado le notifica formalmente su designación como “Secretario Nacional de Asuntos Municipales”.
Sobre las banderas, dijo que la misma empresa que se las ofreció a él las vendió a las Juntas Municipales y que las suyas las obtuvo a los precios más bajos del mercado, lo mismo que los libros sobre Duarte.
Aunque admite que contrata familiares suyos y del presidente de la entidad, Richardson dijo que el verdadero nepotismo hay que buscarlo en el Gobierno Central y otras entidades de la administración pública que manejan cientos de millones, “donde usted encuentra que están todos vinculados”.
La auditoría. El director ejecutivo objeta que en la revisión a la ejecución del presupuesto que le hiciera Fedomu se encontraran irregularidades; dijo que solo se hicieron observaciones de forma.
Al referirse a los cuestionamientos de la revisión sobre la falta de reglamentación interna aplicable al consumo de combustible, dijo que al auditor de Fedomu le fue entregada la resolución de la junta directiva de Adodim mediante la cual se aprobaron esos fondos.
“Decir que no existen dichos instrumentos de control solo refleja prejuicio, mala fe, ganas de dañar y un plan premeditado”. Negó que la nómina sobrepase los fondos porque se llevan a través de Fedomu, y dijo que solo asciende a RD$800,000. Citó otras fuentes de ingresos.
El municipalista Domingo Matías afirma que en las juntas municipales no existe una coordinación para la planificación de la inversión. “Cada quien es un gobierno y cada quien se controla por sí mismo y lo que hay en muchos casos es un reparto de recursos”.
A los gobiernos municipales les corresponde en función de la Ley 166-03 sobre ingresos municipales el 10% del presupuesto nacional, pero eso no se aplica y las asignaciones no llegan a la mitad. Las Juntas reciben fondos de acuerdo con la cantidad de habitantes de su demarcación.
Matías, quien ha realizado estudios para organismos internacionales, denuncia que es frecuente que los directores municipales hagan las compras y contratación de bienes, obras y servicios directamente a amigos y allegados.
Ya algunos alcaldes municipales han comenzado a cuestionar la gestión de Richardson, quien dirige Adodim desde que se fundó, el 18 de marzo de 2008. Chelo Gaspar, director del Distrito Municipal La Canela, del municipio de Santiago, dijo que fue suspendido como presidente de la región Cibao Norte, porque tenía una posición crítica sobre la forma en que Richardson maneja la entidad que agrupa a los Distritos Municipales y que tiene diez direcciones regionales.
“Cuando sale lo de la auditoría, yo, como presidente de la Región Cibao-Norte, entiendo que mi deber es mostrarla a mis compañeros, porque luego cuando se mencione a Adodim me van a vincular a mí. Yo los convoco a un consejo, y cuando quisimos debatir eso, Richardson fue a boicotear”, dijo.
El alcalde del Distrito Municipal Pantoja, del municipio de Los Alcarrizos, también ha pedido cuentas al director de Adodim y recientemente presentó renuncia como presidente de la Mancomunidad Ozama.
La Cámara de Cuentas realizó una investigación, a través del PNUD, sobre la administración de los municipios.
Corrupción en Juntas Municipales. Un caso fuera de serie es el del Director de la Junta Municipal de Cabarete, Gabriel Antonio Mora Ramírez (Canoa), que tiene siete querellas y sometimientos a la justicia. Y también órdenes de arresto y medidas de coerción.
En torno a este señor comenzaron las denuncias desde 2004 por irregularidades en el manejo de recursos y otras violaciones. Recientemente, el procurador general, Francisco Domínguez Brito, presentó una acusación en la que documenta “graves irregularidades” en el manejo de RD$185.5 millones.
En diciembre de 2008 se dictó contra Mora una orden de arresto cuando fue sorprendido rellenando la laguna de Cabarete (más de mil metros cuadrados). En esa ocasión, se le dictó medida de coerción por violación a la Ley 64-00, de Medio Ambiente, al dañar la biodiversidad. Todo siguió igual, y un año después, tras sometimientos y presiones de los grupos organizados de ese Distrito Municipal, se ordenó apertura de juicio por violar la Ley de Medio Ambiente reiteradamente.
En 2011, la Asociación para el Desarrollo de Cabarete (ADECA) interpuso contra Canoa una demanda penal por violación a la Ley de Acceso a la Información 200-04. Fue encontrado culpable y acordó con la secretaría de Medio Ambiente la reparación del daño.
El año pasado, el Juzgado de Instrucción de Puerto Plata dictó medidas de coerción contra Canoa, una por atacar a tiros a un ciudadano y la otra por supuesta prevaricación, desfalco y asociación de malhechores en perjuicio del Estado, tras una acusación presentada por la Dirección General de Persecución de la Corrupción Administrativa.
Este año se han interpuesto tres querellas contra el controvertido alcalde de Cabarete. Una por estafa, presentada por una señora a la que supuestamente le vendió un solar que pertenece a Medio Ambiente, y otra por supuestamente canjear cheques para su beneficio, a nombre de otras personas.
Jamao Salcedo
Recientemente, Diómedes Núñez, el vocero de Comité de Productores de Jamao, Salcedo, denunció que el director de ese distrito municipal, Persio Veras, supuestamente había invertido alrededor de RD$700,000 en la reconstrucción casi total de un local que alquiló a un señor llamado Toñito Vega. Sin embargo, la junta desocupó esas instalaciones un año y medio después y se instaló en un local que ocupaba la policlínica de la demarcación.
Los moradores del lugar piden que el alcalde aclare este caso y explique en qué ha gastado la Junta Municipal RD$29 millones que ha recibido del Estado en los últimos tres años.
Un caso similar ocurrió en la Junta Distrital de Villa Magante del mismo municipio. Estuvo alojada durante casi tres años en un local que le alquiló el director, Aniceto Balbuena, a su propia esposa, de acuerdo con denuncias del vocal (puesto equivalente al de un regidor) Modesto Matías, quien asegura que el edil gastó RD$92,000 del presupuesto del ayuntamiento para reparar el local. También denuncia que Balbuena renta camiones y equipos pesados de su propiedad a la Junta y compra caliche a muy bajo precio para venderlo a esta alcaldía.
Veragua
Bienvenido Juma, director de la Junta de Distrito de Veragua, del municipio de Gaspar Hernández, lleva tres años construyendo un puente peatonal en la comunidad Batey Ginebra para lo cual tomó supuestamente un préstamo de RD$7.5 millones a una institución bancaria. La denuncia la hizo el vocal de esa Junta, David Bonilla, quien dijo que ya se han gastado alrededor de RD$9.0 millones en esa obra que no termina y acusa graves fallas.
Director de Adodim Enjuiciado
Pedro Richarsdson. (Foto: Orlando Ramos)
En 2010, un grupo de exempleados de la Junta del Distrito Municipal de Villa Sonador de Piedra Blanca, provincia Monseñor Nouel, demandó ante los tribunales al alcalde de esa demarcación, Eyis Mercado, por prestaciones laborales, y en marzo del año siguiente el Banco de Reservas (la oficina de Bonao) ejecutó una oposición al pago contra esa Junta Municipal, acogiendo una solicitud del Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Monseñor Nouel.
La alcaldía de Villa Sonador solicitó el levantamiento de la medida, pero el Juez de referimiento de la Cámara Civil y comercial del citado Distrito Judicial lo declaró nulo. Sin embargo, al Banco de Reserva le fue notificado un levantamiento de oposición a manejo de cuenta bancaria, en razón de que las partes habían llegado a un acuerdo, pero los demandantes lo negaron y denunciaron la falsificación de sus firmas, lo cual fue comprobado por el Instituto de Ciencias Forenses (INACIF).
El Ministerio Público abrió una investigación. Interrogó al alguacil actuante y emitió una orden de comparecencia contra el director de la Junta Municipal, quien declaró que le había entregado los documentos a Pedro Richardson, el director de ADODIM, y que luego había recibido una llamada de este, informándole que todo estaba resuelto “pagando una suma de dinero por este servicio, dinero que fue desembolsado a través de un cheque de esa institución municipal y depositado en una cuenta dada por el señor Richardson al director de la Junta Municipal”, según reza el expediente en la solicitud de medida de coerción que presenta la parte acusatoria.
El Ministerio Público emitió una orden de comparecencia contra Richardson para ser interrogado con relación a la denuncia. El funcionario declaró que había recibido los documentos y se los había entregado a unos abogados de Barahona de los cuales desconoce su destino y ubicación.
La parte demandante responsabilizó como supuestos autores y cómplices de falsificación de firmas en documento público a Mercado, Richardson y otras seis personas más, incluidos los vocales de la Junta Municipal de Sonador y al alguacil actuante, y pidieron al Ministerio Público que solicitara ante el juez de la Instrucción una medida de coerción.
Richardson no respondió a las citaciones para acudir al juicio donde se conocería la medida de coerción, el juez lo declaró en rebeldía y dictó en su contra una orden de conducencia. Tras una tentativa de apresamiento, Richardson se presentó ante el juez el 26 de agosto y este no le impuso medida de coerción y lo envió a juicio de fondo para dentro de seis meses, cuando un tribual de Primera Instancia conocerá el caso.
En 2012 manejaron RD$2,962.9 millones
Distrito Municipal de Santana.
En 2012 en el país había 233 distritos municipales que a diciembre de ese año administraron RD$2,962.9 millones, según un diagnóstico elaborado para la Cámara de Cuentas por la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y que señala distintas fallas.
El 88.5% de los citados recursos provenían de transferencias directas del Presupuesto Nacional y el 11.5% del cobro de tasas, arbitrios y otros impuestos a los munícipes. Las 387 entidades municipales estudiadas manejaron ese año RD$19,165.26 millones. El diagnóstico plantea que para 2012 solo 126 ayuntamientos informaban a la Contraloría General sobre su personal y tenían en total de 32,462 empleados, con una nómina de RD$3,099.1 millones.
Un total de 162 juntas de los distritos municipales empleaban en conjunto 10,292 personas. La Ciénaga, en Barahona, y Los Fríos, en Azua, tenían un empleado cada una, en tanto que, en San Luis, Santo Domingo Este, existían 609 empleados en nómina.
“Por ejemplo, en La Guázara (en Barahona), la población es de 1,892 personas, de las cuales 312 trabajan en la junta del distrito, lo que evidencia que más del 16% de la población labora en dicha entidad; esto arroja un promedio de seis habitantes por empleado”, indica el informe del PNUD.
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