Empresarios y desarrollo

La confrontación entre la Barrick y el gobierno del presidente Medina, luego del  emplazamiento patriótico que hiciera el mandatario a la minera multinacional, ha provocado el apoyo de los más amplios sectores que hacen opinión pública, aunque también ha servido para poner en evidencia a una minoría empresarial contraria al interés de la Nación, las cuales han tomado como pretexto el concepto de la seguridad jurídica de la inversión para tratar de esconder la “ambición” y la “avaricia”.
    
Frente a esa posición hay que reconocer que la fórmula planteada por el Presidente Medina, se cuidó de no tocar la seguridad jurídica de la minera extranjera. La fórmula del gobierno como socio empresarial de la Barrick, sólo trataría de equilibrar la distorsión que resultaría como consecuencia del cambio en las condiciones originales del contrato, al producirse el cambio dramático en los precios internacionales del oro. Se trata de una reformulación del flujo de caja de modo que lo que reciba el socio estatal, que habrá de ser unos 700 millones de dólares anuales, ingresen al gobierno  desde el primer año de operación de las exportaciones del oro, en vez de los 55 millones, que es lo que hizo  que el Presidente, como cualquier justo de la tierra, exclamara: “sencillamente inaceptable”.
    
El problema, entonces, no es de seguridad jurídica, sino de equidad. ¿Cómo es que si han cambiado las condiciones del mercado a favor del negocio, los beneficios generados sólo sea para uno de los socios  y excluya sin ningún miramiento al socio dueño del oro? Precisamente porque las condiciones originales del contrato y del mercado, en ese momento, no eran tan atractivas para el socio extranjero, el gobierno decidió modificar el contrato para hacerlo más atractivo a la empresa. ¿Por qué ahora, si los precios han mejorado sustancialmente,  la empresa se empecina en negarse a un reajuste que no haga tan inequitativo el negocio para su otro socio?

Por la seguridad equitativa

La equidad tiene que estar presente en la relación empresa-gobierno, como también la seguridad jurídica, que dicho sea de paso no ha estado en riesgo, tal como lo planteó el Presidente en su “memorable” discurso y tal como lo reconoce un importante grupo de inversionistas extranjeros que, al contrario de una minoría local empresarial, considera que en el país reina un buen clima para la inversión nacional y extranjera.   
    
La intransigencia de la Barrick y la posición lamentable del CONEP, es una clara demostración de hasta dónde la mentalidad “neoliberal” y “salvaje”, ha distorsionado el rol empresarial, justificando la pretensión de maximizar todos los beneficios a su favor, no importa si se atenta contra la humanidad y contra la naturaleza, que es atentar  contra nuestro desarrollo sustentable, el desarrollo de todos  y de la Nación. Por eso la defensa del Presidente del interés nacional,  ha logrado concitar el apoyo mayoritario de la población por ser un asunto de simple equidad y sobrevivencia de los dominicanos.