Ley de Partidos

Cada vez más se fortalece la idea y la creencia de que la vida partidaria se debilita, por lo que se impone una acción para fortalecer a los partidos, de modo que se garantice la institucionalidad democrática de la Nación. Esa creencia se va haciendo más fuerte a medida que diversos sectores se pronuncian a favor de una Ley de Partidos Políticos y de la Reforma de la Ley Electoral.  
    
El sistema de partidos es un requisito para el buen funcionamiento de la democracia, de acuerdo a los principios de la alternabilidad, la separación de poderes y el necesario equilibrio para la sana competencia de los concurrentes en los procesos electorales. Se debe garantizar que esos procesos electorales se lleven a efecto con todas las garantías de la debida transparencia y pulcritud, para que el voto sea la fuente legítima y creíble de la real voluntad popular, sin la cual la democracia seria sólo una realidad normativa, pero sin vida conductual real en los ciudadanos y las instituciones del Estado.
    
Las tendencias que se observan que favorecen la existencia y hegemonía de un partido único que controla todo el poder político y, además, con gran incidencia en el poder económico en el país, hacen pensar que la democracia se encuentra amenazada, precisamente porque el sistema múltiple de partidos se desliza por una pendiente que lo lleva a debilitarlo y a dificultar la convivencia democrática interna de los partidos, como sucede en los casos del PRSC y ahora del PRD. Por eso una  institución de la Sociedad Civil, como es el caso de FINJUS, recoge la percepción de que “el sistema de partidos comienza a involucionar, principalmente por el clientelismo en que se sustenta el ejercicio político del país”.
    
Antes la Iglesia Católica, en su más reciente Carta Pastoral, se pronunció en igual sentido, señalando el peligro del clientelismo instaurado por los partidos y la consecuente corrupción que agobia a toda la sociedad, y fomentada por el oportunismo que se ha anidado en  clientelismo partidario. De esa manera FINJUS y la Iglesia, plantean como conclusión del preocupante  panorama la necesidad de que los actores políticos se aboquen a la aprobación de una Ley de Partidos y a la Reforma de la Ley Electoral, a manera de adecentar la vida del sistema político y revertir las tendencias negativas que ponen en peligro la vida democrática.     
    
El régimen de partidos, para que favorezca una sana competencia electoral que garantice democracia, requiere de la existencia de un Marco Jurídico que contenga las normas prudenciales que garanticen la democracia interna de los partidos y el surgimiento de gobiernos legítimos y creíbles, que respeten la Ley y que generen confianza, además de capacidades para orientar las soluciones de los problemas nacionales e impulsar la estrategia nacional de desarrollo.
    
La opinión pública y las organizaciones partidarias y de la Sociedad Civil deben movilizarse en pos de que el Congreso Nacional, asuma su responsabilidad de dotar al país de una Ley de Partidos y una Ley Electoral que fortalezcan el Marco Jurídico para una mejor democracia. 

¡Urge la aprobación de esas reformas políticas!