El Ministro de Medio Ambiente en una entrevista concedida a El Caribe ha sentenciado que “Falcondo no cumplió en La Peguera y Ortega”, las dos montañas más explotadas por la minera extranjera. El ministro aclara que a 30 años de la explotación de esas dos lomas, “la Falcondo no ha cumplido con el plan de remediación ambiental, cargando un peso muy grande por el pasivo ambiental dejado en la zona”. Sobre ese particular, el ministro añadió que “las autoridades dominicanas están comprometidas con los intereses del país, no con más nadie y el que no esté cumpliendo la Ley dice claramente qué hacer con el que no cumple”. Ese dictamen del Medio Ambiente se complementa con su aseveración de que el país no cuenta con una política minera, al tiempo de exhortar que los diversos sectores junto al gobierno definan una política nacional de minería.
En medio de la duda que se tiene sobre cuál será la posición del Gobierno frente al caso de “Loma Miranda”, las declaraciones del Ministro de Medio Ambiente parecen despejar la situación conflictiva, dejando esclarecida la posición de esa dependencia oficial que le negaría la autorización a la empresa minera. Hay que acotar, además, que la opinión solicitada a la ONU por el propio gobierno, estableció que el estudio de impacto ambiental de la empresa, no fue completo por lo cual el PNUD concluyó que no era viable la explotación de “Loma Miranda” en esas condiciones.
Ha pasado el tiempo y todavía ni la empresa ni ningún grupo u organismo ha aportado un estudio técnico, profesional y válido, sobre el impacto ambiental de la explotación de “Loma Miranda”. Por el contrario, se ha alimentado el conflicto por un forcejeo pasional e interesado entre los defensores de “Loma Miranda” que aspiran a que sea declarada Parque Nacional para su protección, y los que se adhieren a los intereses de una empresa extranjera que sólo le interesa la rentabilidad monetaria de su explotación, corriendo el país el riesgo de los daños irreparables que se producirán por una empresa que ya se sabe no cumplirá con la remediación ambiental, tal cual lo ha denunciado el propio Ministro del Medio Ambiente.
Esta última posición de Medio Ambiente da una señal que ha de tranquilizar a los protectores de “Loma Miranda”, al tiempo de que habrá de decepcionar a los ejecutivos de la empresa, los cuales han anunciado que ya están listos para destruir a “Loma Miranda”. Mientras tanto, el Presidente Medina se mantiene en un silencio expectante, dándole larga a la controversia, posiblemente calculando la pérdida de popularidad que sufriría de su Gobierno autorizar la explotación de “Loma Miranda”, contra la pérdida de los ingresos fiscales que generaría la destrucción ecológica del país.
La apasionante larga espera, sin embargo, debería aprovecharse para una decisión más racional y productiva para la Nación, como sería que el Gobierno decida iniciar un proceso de planificación estratégica y participativa, que parta de los estudios técnicos de lugar, y que defina una política minera que establezca un mapa minero que señale dónde se puede y dónde no explotar las minas existentes en el país y en cuáles condiciones.
¡Qué se decida con racionalidad patriótica!
En medio de la duda que se tiene sobre cuál será la posición del Gobierno frente al caso de “Loma Miranda”, las declaraciones del Ministro de Medio Ambiente parecen despejar la situación conflictiva, dejando esclarecida la posición de esa dependencia oficial que le negaría la autorización a la empresa minera. Hay que acotar, además, que la opinión solicitada a la ONU por el propio gobierno, estableció que el estudio de impacto ambiental de la empresa, no fue completo por lo cual el PNUD concluyó que no era viable la explotación de “Loma Miranda” en esas condiciones.
Ha pasado el tiempo y todavía ni la empresa ni ningún grupo u organismo ha aportado un estudio técnico, profesional y válido, sobre el impacto ambiental de la explotación de “Loma Miranda”. Por el contrario, se ha alimentado el conflicto por un forcejeo pasional e interesado entre los defensores de “Loma Miranda” que aspiran a que sea declarada Parque Nacional para su protección, y los que se adhieren a los intereses de una empresa extranjera que sólo le interesa la rentabilidad monetaria de su explotación, corriendo el país el riesgo de los daños irreparables que se producirán por una empresa que ya se sabe no cumplirá con la remediación ambiental, tal cual lo ha denunciado el propio Ministro del Medio Ambiente.
Esta última posición de Medio Ambiente da una señal que ha de tranquilizar a los protectores de “Loma Miranda”, al tiempo de que habrá de decepcionar a los ejecutivos de la empresa, los cuales han anunciado que ya están listos para destruir a “Loma Miranda”. Mientras tanto, el Presidente Medina se mantiene en un silencio expectante, dándole larga a la controversia, posiblemente calculando la pérdida de popularidad que sufriría de su Gobierno autorizar la explotación de “Loma Miranda”, contra la pérdida de los ingresos fiscales que generaría la destrucción ecológica del país.
La apasionante larga espera, sin embargo, debería aprovecharse para una decisión más racional y productiva para la Nación, como sería que el Gobierno decida iniciar un proceso de planificación estratégica y participativa, que parta de los estudios técnicos de lugar, y que defina una política minera que establezca un mapa minero que señale dónde se puede y dónde no explotar las minas existentes en el país y en cuáles condiciones.
¡Qué se decida con racionalidad patriótica!
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