Avances de la “regularizacion”

El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros ha comenzado tumultuoso pero con buen pie. Los convocados, en su mayoría extranjeros de origen haitiano, están acudiendo con gran afluencia. El Ministerio de Interior y Policía ha reportado que ya unos 16 mil inmigrantes se han presentado para regularizar su estatus en el país. El proceso avanza con las dificultades de esperar, pero está poniendo al país en la ruta correcta de cara a establecer una institucionalidad  fuerte para el control migratorio, fundamentada en la Ley y en el respeto a los derechos humanos fundamentales. 
    
La gente se expresa favorablemente en esta fase inicial de aplicación del Plan, reconociendo que esa operación  debió haberse hecho desde hace tiempo, a manera que el país dispusiera de esa institucionalidad en capacidad de controlar el flujo migratorio.  La ausencia de ese sistema se agravó cuando a partir del 1986 se descontinuó la contratación de la mano de obra haitiana que se hacía a través del CEA, lo cual dio lugar al descontrol total de la frontera, cuando se impuso en el país la política de la apertura económica exigida por el nuevo orden mundial “neoliberal” instalado en el país a partir del 1996. De ese modo, el “desguañangue” institucional de la frontera dio lugar a un flujo de inmigrantes haitianos que sobrepasó lo límites de lo razonable, convirtiéndose el tema en un asunto de soberanía nacional. 
    
Con el terremoto ocurrido en Haití y la maliciosa posición de la comunidad internacional para que nuestro país fuera la solución del problema de Haití, la presión de la inmigración haitiana ilegal se hizo más intensa y grave, hasta provocar la controversia local e internacional causada por la decisión desesperada de la sentencia del Tribunal Constitucional, que convirtió  en víctimas a un segmento de la población dominicana descendiente de haitianos, nacidos y criados aquí, bajo constituciones que les otorgaban la nacionalidad por el derecho al suelo, y haciéndolos culpables, hasta con odio, de un desorden migratorio montado sobre bases determinadas por las leyes objetivas del sistema económico y por autoridades de ambos países irresponsables e indolentes frente al problema que creaba el fenómeno de una inmigración liberada y desregulada. 
    
Con la desnacionalización de esos “morenitos” criollizados, no sólo se violaba la Constitución, sino el Marco Jurídico nacional e internacional. Era una forma irracional, pasional, e inefectiva de encarar un problema, que esencialmente no es de nacionalidad, sino de una inmigración desordenada con efectos sobre la composición étnica nacional. Al iniciar el proceso de regulación el país retoma el camino de la racionalidad y el debido proceso que deberá complementarse con el establecimiento de un sistema institucional para un efectivo control de frontera; asimismo  de monitoreo de extranjeros;  y de repatriación masiva, pero ordenada, de los inmigrantes ilegales, con lo cual se completarían los procesos para un efectivo control migratorio. De hacerse así, estaría demás por improcedente, el levantamiento de un “muro de la vergüenza” que es un resabio irracional por la incapacidad de una “derecha culposa”.

¡Racionalicemos y humanicemos el control migratorio!