La profesión del derecho y el exequátur

Por Josefina Almánzar.--Con mis amigos con frecuencia tengo  conversaciones sobre aquellos temas que nos inquietan y que van creando de una manera u otra, situaciones difíciles en nuestro diario vivir.  En la ocasión que quiero compartir con ustedes nos centramos en los inconvenientes que sufre nuestra profesión del Derecho causados por quienes son los protagonistas del ejercicio profesional.

  
 Son muchos los planteamientos que se han hecho al respecto y entre las soluciones planteadas se encuentra la propuesta de cerrar la matriculación de abogacía en las universidades del país.  Propuesta inducida por la desesperación en que se cae cuando se ven algunos profesionales del Derecho cometiendo atrocidades como un vil delincuente.  Lo que no sólo conlleva a desacreditar a quien comete el hecho, sino a todos y a todas las personas que formamos parte del engranaje jurídico, midiéndonos con la misma vara.
  
 Producto de esas conversaciones hemos llegamos a ciertas consideraciones y algunas conclusiones.  En primer lugar, la educación es primordial para cualquier individuo, es un derecho inherente y fundamental del ser humano consagrado de manera constitucional. Es decir, que si  usted quiere estudiar agricultura submarina o cómo desarrollar la vida en el planeta Marte usted puede hacerlo.  Nadie puede limitarle acceder a ese conocimiento, ya sea de manera personal o a través de una universidad.
   
En segundo lugar, la profesión del derecho al igual que la medicina como profesiones tradicionales son vocacionales, es decir las personas que eligen ejercer tienen que tener don, vocación de servicio y de entrega. No la vocación de lucrarse a como de lugar sin ningún tipo de escrúpulos que es lo que se usa en estos tiempos light.
  
 En tercer lugar, la solución de limitar el ejercicio de la profesión no está en el cierre de las facultades de Ciencias Jurídicas en las universidades, lo que hay que limitar y evaluar es el derecho a postular en los tribunales de la República.  Deben haber requisitos más exigentes y no tan simples y administrativos para otorgar el exequátur, la licencia para ejercer la profesión como abogado y abogada. Considerar si esa persona tiene la capacidad para hacerlo, ya que un título académico por sí sólo no le da a nadie la capacidad para ejercer en la práctica.
   
El Poder Ejecutivo es quien tiene la autoridad para dar esa licencia, por lo tanto, es el quien tiene que crear los mecanismos para controlar esa situación en combinación con la Suprema Corte de Justicia. Sea haciendo supervisiones a los que ya tienen la licencia o haciendo evaluaciones extraordinarias a los solicitantes o incluyendo un año de servicio jurídico gratuito una vez la persona se haya graduado para evaluar su actuación y ver si califica.
    
Estas son simples ideas que nos surgen ante la situación que a diario se nos presenta y que nos hace cada día menos creíbles, menos dignos de llevar la toga y el birrete. Habrán otros mecanismos de controles que si se ponen en práctica y se asumen con voluntad dinámica de crear cambios positivos, ayudarán a encauzar nuevamente el rumbo de esta profesión, pero la solución no está en el cierre de la facultad sino en frenar y controlar el exequátur.

La autora es Abogada y docente universitaria.