El Presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán, se ha pronunciado en contra del uso de los métodos violentos en el combate de la criminalidad y la delincuencia. De acuerdo a sus palabras, el alto funcionario de la Justicia se manifestó partidario de la paz y de la institucionalidad basada en la Ley. En ese sentido expresó que “los excesos no son buenos” y que el mejor camino para resolver los problemas del país es el institucional, enfatizando que: “Se debe respetar la institucionalidad, eso es lo que siempre dice el presidente de la Suprema, el derecho, la institucionalidad, la no violencia, la paz, la lucha por el trabajo solidario, unificar las instituciones, todo eso es lo que quiere el Poder Judicial”.
Estas palabras del máximo jefe de la Justicia vienen a propósito de los hechos violentos, al margen de la Ley y la institucionalidad judicial, que se vienen produciendo contra los agentes de la autoridad de parte de los delincuentes y con la respuesta extra judicial dada por la Policía Nacional, al eliminar a los presuntos autores del asesinato de una oficial de la AMET. Las palabras del Magistrado Germán son un llamado a la reflexión y un llamado a la conducta normal fundamentada en los procedimientos de paz y tranquilidad que señalan las normas y las leyes.
Recurrir a los métodos de la violencia y la criminalidad, aunque en ciertas circunstancias se consideren legítimos, no garantiza un ordenamiento que asegure la deseada convivencia social. Por el contrario son formas de alimentar un orden fuera de control y un estado de fuerza, negador de la institucionalidad y de las leyes. En el caso de la eliminación de los dos jóvenes presuntos autores de la muerte de la oficial de la AMET y siguiendo con el enfoque institucionalista del Presidente de la SCJ, son oportunas las siguientes preguntas: Porqué si la PN disponía de las pruebas que señalaban a esos jóvenes como los culpables, no se procedió a localizarlos, tal como se hizo, pero para apresarlos y someterlos a la Justicia como mandan la Constitución y las leyes?; Cómo se puede, ahora, evitar que se especule que su apresurada ejecución no fuera un “montaje” para cerrar el caso y tranquilizar a una población angustiada por la inseguridad?; y se seguirán aplicando estos métodos violentos que debilitan aún más la institucionalidad?.
La reflexión sobre esos cuestionamientos nos deben llevar a vislumbrar la necesidad de que toda la sociedad ponga en marcha una movilización contra los delincuencia, como lo está haciendo contra la Chikungunya, donde participen la PN, el Ministerio Público y la propia Justicia, estimulados por el Poder Ejecutivo y la Sociedad Civil, para que se localicen y se apresen a los delincuentes que están en las calles, por debilidad de la Justicia, y sobre quienes las autoridades tienen expedientes comprobados, para que sean juzgados de urgencia y llevados a las cárceles, donde deben estar y de esa forma se le dé un alivio a la población, dando un ejemplo de fortalecimiento institucional y a la vez combatir la criminalidad.
¡Fortalezcamos la institucionalidad judicial en vez de la violencia!
Estas palabras del máximo jefe de la Justicia vienen a propósito de los hechos violentos, al margen de la Ley y la institucionalidad judicial, que se vienen produciendo contra los agentes de la autoridad de parte de los delincuentes y con la respuesta extra judicial dada por la Policía Nacional, al eliminar a los presuntos autores del asesinato de una oficial de la AMET. Las palabras del Magistrado Germán son un llamado a la reflexión y un llamado a la conducta normal fundamentada en los procedimientos de paz y tranquilidad que señalan las normas y las leyes.
Recurrir a los métodos de la violencia y la criminalidad, aunque en ciertas circunstancias se consideren legítimos, no garantiza un ordenamiento que asegure la deseada convivencia social. Por el contrario son formas de alimentar un orden fuera de control y un estado de fuerza, negador de la institucionalidad y de las leyes. En el caso de la eliminación de los dos jóvenes presuntos autores de la muerte de la oficial de la AMET y siguiendo con el enfoque institucionalista del Presidente de la SCJ, son oportunas las siguientes preguntas: Porqué si la PN disponía de las pruebas que señalaban a esos jóvenes como los culpables, no se procedió a localizarlos, tal como se hizo, pero para apresarlos y someterlos a la Justicia como mandan la Constitución y las leyes?; Cómo se puede, ahora, evitar que se especule que su apresurada ejecución no fuera un “montaje” para cerrar el caso y tranquilizar a una población angustiada por la inseguridad?; y se seguirán aplicando estos métodos violentos que debilitan aún más la institucionalidad?.
La reflexión sobre esos cuestionamientos nos deben llevar a vislumbrar la necesidad de que toda la sociedad ponga en marcha una movilización contra los delincuencia, como lo está haciendo contra la Chikungunya, donde participen la PN, el Ministerio Público y la propia Justicia, estimulados por el Poder Ejecutivo y la Sociedad Civil, para que se localicen y se apresen a los delincuentes que están en las calles, por debilidad de la Justicia, y sobre quienes las autoridades tienen expedientes comprobados, para que sean juzgados de urgencia y llevados a las cárceles, donde deben estar y de esa forma se le dé un alivio a la población, dando un ejemplo de fortalecimiento institucional y a la vez combatir la criminalidad.
¡Fortalezcamos la institucionalidad judicial en vez de la violencia!
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