El doctor Servio Tulio Castaños Guzmán------
Participación Ciudadana (PC) define de inaceptable la decisión del presidente Danilo Medina, de llegar a un acuerdo con las personas que adquirieron ilegalmente terrenos alrededor de Bahía de Las Águilas.
La entidad cívica advierte que tal acción hace al mandatario cómplice de una larga cadena de violaciones legales y constitucionales y resta calidad moral a las autoridades instaladas el pasado 16 de agosto.
Participación Ciudadana señala que el decreto firmado por el presidente Medina otorgando poder al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo para desistir de las demandas del Estado dominicano que persiguen recuperar los terrenos robados al Estado en Bahía de Las Águilas pagando el 45% del valor de tales inmuebles a los adquirientes ilegales, implica el rompimiento de su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República Dominicana.
Participación Ciudadana insiste que es un absurdo que a los adquirientes ilegales se les atribuya la calidad de terceros adquirientes de buena fe en una operación que no cumplió con requisitos legales.
Explica que para eso se deben establecer ciertos requisitos legales que no pueden ser desconocidos por ninguna persona en el país, pues sería alegar ignorancia de la ley, lo que no está permitido.
FINJUS sugiere a Danilo echar atrás decisión
La Fundación Justicia y Transparencia (FINJUS) sugerimos al Presidente Danilo Medina que ordene la revisión de las decisiones tomadas con el fin de que no vulnere eventualmente la Constitución y las leyes.
En un documento enviado a la prensa, FINJUS dice que constituiría un gravísimo precedente que el Poder Ejecutivo de manera unilateral y al margen de una decisión jurisdiccional definitiva confiera derechos a propietarios de origen espurio, mermando así la seguridad jurídica de la República Dominicana.
El doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) sostiene que la discusión nacional que se ha suscitado a propósito del acuerdo transaccional sobre los títulos de propiedad de los terrenos de la reforma agraria correspondientes a las parcelas 40 y 215-A de la zona de Bahía de Las Águilas y el Parque Nacional Jaragua, ponen nuevamente en evidencia las graves debilidades institucionales que arrastra el país y las amenazas que se ciernen sobre la seguridad jurídica y algunas áreas del Estado de Derecho.
Agrega que es al mismo tiempo una nueva oportunidad para que la sociedad haga conciencia de la importancia de profundizar en la reforma del sistema de justicia y se avance sin tardanza en la adecuación de nuestras leyes e instituciones para que se correspondan con los principios constitucionales proclamados en enero de 2010, lo cual se observa de manera dramática en lo referente a la administración, control y gestión del patrimonio estatal.
“El elemento central sobre el que debe girar la discusión sobre los títulos de los terrenos de las parcelas 40 y 215-A es el origen ilícito de las operaciones inmobiliarias y las gestiones que desde diferentes estamentos del Estado se realizaron en los últimos años sobre este conflicto. La combinación de factores tales como prácticas ilegales, desidia y desinterés de funcionarios públicos, prevaricación e inercia procesal, han dado como resultado una litis judicial que se ha prolongado por más de quince años.”
El doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, indica que “muchos de los aspectos claves de la situación planteada tienen solución mediante la aplicación transparente y enérgica del marco normativo vigente. Aunque en los últimos años ha existido ineficiencia del Estado en la aplicación de dichas leyes, en los ámbitos judicial, inmobiliario y penal, importantes sectores de la sociedad dominicana han manifestado su preocupación por el hecho de que los acuerdos que se anuncian sobre los títulos de los terrenos de las parcelas 40 y 215-A en la Bahía de las Águilas, parecen ser más el producto de las presiones coyunturales y las ansias particulares, que del interés general, el desarrollo de la región sur y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática”.
La entidad cívica advierte que tal acción hace al mandatario cómplice de una larga cadena de violaciones legales y constitucionales y resta calidad moral a las autoridades instaladas el pasado 16 de agosto.
Participación Ciudadana señala que el decreto firmado por el presidente Medina otorgando poder al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo para desistir de las demandas del Estado dominicano que persiguen recuperar los terrenos robados al Estado en Bahía de Las Águilas pagando el 45% del valor de tales inmuebles a los adquirientes ilegales, implica el rompimiento de su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República Dominicana.
Participación Ciudadana insiste que es un absurdo que a los adquirientes ilegales se les atribuya la calidad de terceros adquirientes de buena fe en una operación que no cumplió con requisitos legales.
Explica que para eso se deben establecer ciertos requisitos legales que no pueden ser desconocidos por ninguna persona en el país, pues sería alegar ignorancia de la ley, lo que no está permitido.
FINJUS sugiere a Danilo echar atrás decisión
La Fundación Justicia y Transparencia (FINJUS) sugerimos al Presidente Danilo Medina que ordene la revisión de las decisiones tomadas con el fin de que no vulnere eventualmente la Constitución y las leyes.
En un documento enviado a la prensa, FINJUS dice que constituiría un gravísimo precedente que el Poder Ejecutivo de manera unilateral y al margen de una decisión jurisdiccional definitiva confiera derechos a propietarios de origen espurio, mermando así la seguridad jurídica de la República Dominicana.
El doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) sostiene que la discusión nacional que se ha suscitado a propósito del acuerdo transaccional sobre los títulos de propiedad de los terrenos de la reforma agraria correspondientes a las parcelas 40 y 215-A de la zona de Bahía de Las Águilas y el Parque Nacional Jaragua, ponen nuevamente en evidencia las graves debilidades institucionales que arrastra el país y las amenazas que se ciernen sobre la seguridad jurídica y algunas áreas del Estado de Derecho.
Agrega que es al mismo tiempo una nueva oportunidad para que la sociedad haga conciencia de la importancia de profundizar en la reforma del sistema de justicia y se avance sin tardanza en la adecuación de nuestras leyes e instituciones para que se correspondan con los principios constitucionales proclamados en enero de 2010, lo cual se observa de manera dramática en lo referente a la administración, control y gestión del patrimonio estatal.
“El elemento central sobre el que debe girar la discusión sobre los títulos de los terrenos de las parcelas 40 y 215-A es el origen ilícito de las operaciones inmobiliarias y las gestiones que desde diferentes estamentos del Estado se realizaron en los últimos años sobre este conflicto. La combinación de factores tales como prácticas ilegales, desidia y desinterés de funcionarios públicos, prevaricación e inercia procesal, han dado como resultado una litis judicial que se ha prolongado por más de quince años.”
El doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, indica que “muchos de los aspectos claves de la situación planteada tienen solución mediante la aplicación transparente y enérgica del marco normativo vigente. Aunque en los últimos años ha existido ineficiencia del Estado en la aplicación de dichas leyes, en los ámbitos judicial, inmobiliario y penal, importantes sectores de la sociedad dominicana han manifestado su preocupación por el hecho de que los acuerdos que se anuncian sobre los títulos de los terrenos de las parcelas 40 y 215-A en la Bahía de las Águilas, parecen ser más el producto de las presiones coyunturales y las ansias particulares, que del interés general, el desarrollo de la región sur y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática”.
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