viernes, 21 de junio de 2013
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La violencia es una realidad social que llegó como para perpetuarse. El país está siendo embestido por el incremento de una ola de violencia y de criminalidad que, lejos de disminuir, tiende a ser más asidua, severa e indiscriminada, situación que acentúa y acelera la cultura de pánico y sobresalto. Ya no tiene sentido describir el sadismo de las acometidas, pues cada vez resultan ser más espeluznantes estos sucesos que conforman la crónica del diario vivir dominicano: violencia intrafamiliar, violaciones sexuales, feminicidios, asesinatos, robos, atracos, asaltos, secuestros, etc.
Estas acciones nos arropan, no nos dan tregua, por eso hay que insistir en iniciativas que ataquen las causas que las generan, y que no son ignoradas, por lo que sus consecuencias no deberían ser una sorpresa, más bien deben hacer que miremos, para afrontarla, hacia donde nunca se quiere mirar.
Ante este recrudecimiento de la violencia las autoridades están apelando a lo mismo, no se quiere actuar en consonancia con los orígenes de este mal social, el mismo que sigue sacudiendo a un número indeterminado de países, en la mayoría de los cuales, incluyendo a República Dominicana, existe un tronco causal que es común: poca inversión social, corrupción no disimulada en la administración pública, cultura de violencia de género que no ha sido lo suficientemente atacada en sus raíces, impunidad judicial y social respecto de la delincuencia y la criminalidad, desempleo, pobreza, así como la inexistencia de controles familiares, principalmente en las etapas de niñez y adolescencia.
Sobre la naturaleza profunda de estas causas ya se ha hablado en demasías. La sociedad política dominicana, sociedad civil, las iglesias, profesionales de la conducta, y analistas de la realidad social, ya han tratado este asunto con suficiente argumentación y espíritu propositivo, y han llegado a la misma conclusión frente a esta la realidad objetiva.
Sin embargo a pesar de eso, las autoridades intentan buscar freno mediante la militarización en determinados sectores de la sociedad, a sabiendas de que esto es solo un impacto momentáneo que solo provoca en algunos delincuentes la variación de su modo operandi.
Para saber si el mal se está atacando en su raíz, preguntémonos sobre cuáles acciones, en serio ha visto el país a los fines de llevar a las cárceles a los corruptos y desfalcadores del Estado, o por lo menos separarlos del cargo e investigarlos?. ¿Qué se está haciendo para aumentar las fuentes de trabajo, cuáles industrias, cuáles empresas nuevas han sido creadas con tales fines?.
En el mes de mayo, cuando se dio a conocer el resultado de la negociación con las empresa minera Barrick Gold, de mi parte pensé que de tales recursos ojalá se tomar como modelo dos sectores de alta marginación social para hacerle industrias que generen empleos directos e indirectos, en condiciones salariales decentes, y luego evaluar, el comportamiento de las personas que anteriormente no tenían, honradamente, formas productivas de utilizar en tiempo.
Las instituciones responsables de asumir decisiones prefieren tomar los hechos por el lado de menor compromiso, engañándose a si mismas, y pretendiendo engañar a la ciudadanía que está ávida de acciones que cuestionen los profundos orígenes de la delincuencia en todos los sectores de la población, incluyendo al grupo que, desde el usufructo del poder, comete toda clase de delitos, constituyendo así una en escuela de ejemplos negativos, que desestimula la decencia y el respeto por lo ajeno, tanto público como privado, empobreciendo, con ello, material y moralmente a la Sociedad Dominicana.
Este grupo que sigue en crecimiento tiene la ventura de que contra él no se ordena la persecución, más bien tienen a su favor un núcleo de profesionales de la palabra oral y escrita que viven asumiendo su defensa y justificando lo injustificable.
Los grupos de personas que se han enriquecido con los recursos del poder no sienten temor de que les caiga el peso de la justicia, y “tienen razón”. Ultimamente ha salido a la superficie de las decisiones judiciales una “oportuna” figura jurídica llamada “cierre definitivo del archivo” la cual, por los casos más sonados, guarda en sus resquicios un favor a la una impunidad al dejar sin efecto la acción penal.
Quienes administran justicia olvidan que en la sabiduría ciudadana, aunque no maneje los temas del Derecho, se arraiga la percepción de que se está encubriendo un acto indebido. Como resultado de todo esto, otras visiones y actitudes se están activando en los sectores medios y populares de la sociedad, los cuales se ven libres de freno para cometer iguales o peores delitos, pues a lo mejor sus expedientes van a ser definitivamente archivados.
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