No estará tranquilo

El Presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez ha sido crítico con el sistema que, bajo determinaciones asumidas en una administración anterior por integrantes del partido político en el cual milita, permite suplir con fondos públicos, los recursos que no se recaudan por el suministro de energía eléctrica y que en forma de subsidios cubren los gastos de una superestructura de producción y distribución del importante fluido, que no son satisfechos por los consumidores.
    
La expresión del mandatario es de una severidad tal que llama la atención de cuantos tuvieron ocasión de escucharlo, pues manifiesta con meridiana claridad el peso sobre el gasto público de esta transferencia, al señalar que no permanecerá de brazos cruzados mirando cómo se echan al zafacón mil quinientos millones de dólares. Más claro de ahí, ni el agua limpia.
    
La antigua Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) funcionó como una empresa privada de producción de un bien civilizatorio, en el caso, la electricidad, hasta la adopción del sistema democrático, cuando, no solamente esa entidad, sino todas las empresas de las cuales Rafael L. Trujillo era socio mayoritario fueron estatizadas en cuanto al valor de ese capital accionario, pasando las mismas a ser administradas por los gobiernos de turno que se convirtieron en erosionadoras de su capital.
   
 Para establecer un caso típico, la antigua Corporación Azucarera Dominicana que hacia el final de sus días se ha denominado Consejo Estatal del Azúcar (CEA), fue operado con unas administraciones individuales bajo la dirección y supervisión de una administración central que hasta fines de 1961 no tuvo más que cincuenta y tres funcionarios, casi todos contadores, economistas y auditores. En sus últimos años, con los ingenios azucareros maltrechos, llegó a tener bajo nóminas en su oficina central, casi ocho mil funcionarios y trabajadores. Tal vez esta sea muestra de la debacle sufrida por todas las empresas de capital público.
    
Con el pretexto de reorganizar el sistema eléctrico y mejorar el servicio a la población, bajo el primer gobierno encabezado por el doctor Leonel Fernández, entre 1996 a 2000, se decidió “capitalizar” a la CDE, distribuyéndose la generación y la distribución en empresas distintas y prácticamente donando a “inversionistas privados”, las grandes plantas de producción que pasaron a ser administradas por esos inversionistas, a lo cual se suma que cada empresa llegó a tener –y se mantienen de este modo-, con un personal que supera con mucho el de la antigua CDE.
    
A ello se suma el hecho de que inversionistas que intervienen desde entonces en la producción de electricidad, pusieron de rodillas a la copropietaria de plantas de generación, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), al determinar las condiciones de contratos que en algunos casos resultan alarmantemente onerosos para el Gobierno Dominicano, razón que, tal vez, condujo al Presidente Medina Sánchez a sostener el planteamiento hecho en las horas recientes.
    
LA INFORMACIÓN, cuyos costos se han elevado en forma excesiva en los últimos años debido al valor del kilovatio consumido y a la frecuente necesidad de suplirse de combustibles para el servicio de plantas eléctricas alternativas durante las a veces largas interrupciones de la energía contratada, respalda este pronunciamiento del mandatario y lo exhorta a procurar la salida más conveniente al Gobierno Dominicano y a los sectores productivos de la República.